#iquitos GERENTE DE AGRICULTURA SE VA SIN PENA NI GLORIA Y AHORA PRETENDE SER ALCALDE, ARRASTRANDO EL SOMBRÍO HISTORIAL DE LOS DONAYRE.
El reciente anuncio de renuncia del ex-gerente regional de Desarrollo Agrario y Riego de Loreto, Sergio Antonio Donaire Ramírez, no solo cierra una gestión cuestionada por su lentitud e irregularidades administrativas como denunciaron agricultores y trabajadores, sino que cobra mayor relevancia porque el ahora exfuncionario aspira a candidatear a la alcaldía de Maynas Province. Esa aspiración genera alarma ciudadana y en el sector agrario, dado que pertenece al clan político-familiar de los Donayre.
Su prima, Jane Adilia Donayre Chávez ex-alcaldesa de Punchana fue condenada a 13 años de prisión efectiva por el delito de peculado doloso agravado, tras comprobarse maniobras de apropiación de fondos y pagos indebidos a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con cheques por S/ 160,800.
Además, antes de su condena, Donayre Chávez fue objeto de prisión preventiva por al menos 9 meses mientras se realizaban las investigaciones por corrupción.
A su vez, durante la gestión de Jane Donayre, el municipio de Punchana se vio envuelto en otras controversias, desde denuncias de vacunación irregular en plena pandemia, hasta cuestionamientos por la transparencia en la administración pública.
Estos antecedentes reavivan las críticas hacia Sergio Donaire: muchos recuerdan y no quieren repetir lo que consideran una tradición de impunidad y clientelismo familiar de los Donayre en cargos públicos. Para un sector importante de electores de Maynas, su postulación despierta rechazo: “Si con su prima hubo corrupción, ¿qué garantías dará él?”, es la pregunta que muchos se hacen.
La movida política de Donaire irse sin rendir cuentas y al mismo tiempo buscar un asiento de poder alimenta la percepción de que los Donayre «nunca harán nada bueno», sino que buscan perpetuar su influencia, sin importar el daño a las instituciones, al desarrollo agrario ni al bienestar de los ciudadanos.
En ese contexto, la población exige de los partidos políticos y organismos electorales un filtro ético riguroso: antes de permitir candidaturas, deberían evaluar no solo las hojas de vida individuales, sino también los vínculos familiares con personas condenadas, como un criterio de responsabilidad pública.
