DELIA ESPINOZA CALIFICA DE “ATROPELLO” SU INHABILITACIÓN POR 10 AÑOS PARA EJERCER FUNCIÓN PÚBLICA
Tras ser inhabilitada por 10 años para ejercer funciones públicas, la exfiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela se pronunció en conferencia de prensa, calificando el proceso en su contra como un “atropello” que evidencia, según ella, la supuesta intervención del Congreso en el Ministerio Público.
Espinoza criticó además el “silencio” de otras instituciones del Estado frente a la decisión, asegurando que esto refleja la falta de garantías para la autonomía fiscal. “Nuestro Ministerio Público terminó de ser tomado”, sostuvo la exfiscal suprema.
Para Espinoza, la sanción configura un acto de control político indebido sobre la Fiscalía, ya que se le castiga por hechos que, según afirma, no cometió. “Si se me está llevando ante el Pleno por un hecho que materialmente no he cometido, eso significa un mensaje directo para que los fiscales se sometan, para que tengan miedo”, señaló. La exfuncionaria también cuestionó que la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, no respondiera a su pedido formal, sugiriendo que el silencio podría reflejar presiones del Legislativo.
Espinoza dejó entrever que su inhabilitación podría estar vinculada a su negativa a acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación en junio pasado. Añadió que podrían venir otras acciones para apartarla definitivamente del sector público, incluso desconociendo resoluciones judiciales que suspenden los procedimientos administrativos en su contra.
El Congreso aprobó el informe que recomienda su suspensión por 10 años debido a presuntas infracciones a los numerales 1 y 4 del artículo 159, así como a los artículos 38, 103, 109 y 166 de la Constitución. La acusación sostiene que Espinoza habría participado en la elaboración de un reglamento que infringía la Ley 32130 y, mediante la Resolución 2246-2024, habría vulnerado el Código Procesal Penal al interferir en funciones de la Policía Nacional del Perú.
