#Internacional || Mientras sectores de la izquierda internacional insisten en que Estados Unidos busca apoderarse del petróleo venezolano, las investigaciones financieras apuntan en otra dirección. En enero de 2026, Suiza activó el congelamiento preventivo de activos presuntamente vinculados a Nicolás Maduro y a su entorno, tras detectar cerca de CHF 9.000 millones, equivalentes a unos USD 10.000 millones, distribuidos en cientos de cuentas de alrededor de 30 bancos. No se trata de una cifra definitiva ni de fondos a nombre directo del mandatario, sino de montos rastreables asociados a una red de testaferros, sociedades offshore y operaciones diseñadas para ocultar al beneficiario final. Para las autoridades suizas, este procedimiento responde al patrón clásico de las cleptocracias: congelar primero para evitar la fuga de capitales y luego investigar el origen real del dinero.
Este caso reaviva la pregunta central sobre el destino de la renta petrolera venezolana. El país tuvo durante décadas control absoluto de sus recursos energéticos y, aun así, terminó sumido en pobreza, colapso productivo y migración masiva. Los indicios señalan que el saqueo no vino del exterior, sino desde la propia cúpula del régimen, mediante contratos inflados, intermediaciones ficticias y una empresa estatal convertida en caja política. En ese contexto, Suiza se convierte en un termómetro del desfalco: los USD 10.000 millones serían apenas el mínimo visible de una trama mucho mayor. Mientras tanto, la defensa ideológica del sistema guarda silencio sobre esos fondos, dejando en evidencia que el verdadero robo no ocurrió con invasiones, sino a través de transferencias, sociedades fantasma y complicidades internacionales.
