#Noticias || #Nacional || El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Instituto Nacional Penitenciario, dispuso el cierre definitivo de 141 comercios que operaban al interior de diversos establecimientos penitenciarios, tras detectar incumplimientos a la normativa vigente.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Presidencial N.º 523-2025-INPE/P y se adopta en el marco del estado de emergencia, con el objetivo de restablecer el orden, la legalidad y el principio de autoridad dentro de los penales. Del total de 206 economatos autorizados, más de la mitad quedarán clausurados de manera permanente.
El INPE otorgó un plazo máximo de cinco días calendario para que los responsables retiren los bienes y enseres no autorizados, advirtiendo que el incumplimiento generará sanciones administrativas. Con esta acción, el Ejecutivo busca reforzar el control y la seguridad en el sistema penitenciario nacional.
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